La hipocresía el cinismo y la falsedad de la Alcaldesa Pinocho Carmen Hernández es para mear y no echar gota. La penúltima de la arrolladora es el autobombo por la sentencia de los multicines que nos costará a los contribuyentes mas de mil millones de las antiguas pesetas, o sea, 6,1 millones de euros.
La Alcaldesa de Telde Carmen Hernández dice una cosa y la contraria según le convenga a sus intereses políticos. Si para muestra un botón en el caso de la sentencia que condena al Ayuntamiento a pagar mas de 6 millones de euros la responsable de Asesoría Jurídica hace ver ante la opinión pública que el equipo de abogados del Ayuntamiento explorará el diálogo con la familia propietaria de los multicines, otra patraña de la arrolladora, porque la Asesoría Jurídica sólo dispone de una abogada.
Si no conociéramos que Carmen Hernández en la actualidad imputada por prevaricación, es una mentirosa patológica nos la daba con queso. La falacia de la arrolladora en la sentencia de los multicines es otra cortina de humo que se desvanece por su propio peso cuando demostramos documentalmente que es la misma alcaldesa la que confiesa no tener abogados en la Asesoría Jurídica, pidiendo al Letrado del Estado el aplazamiento de los juicios hasta noviembre.
Si no conociéramos que Carmen Hernández en la actualidad imputada por prevaricación, es una mentirosa patológica nos la daba con queso. La falacia de la arrolladora en la sentencia de los multicines es otra cortina de humo que se desvanece por su propio peso cuando demostramos documentalmente que es la misma alcaldesa la que confiesa no tener abogados en la Asesoría Jurídica, pidiendo al Letrado del Estado el aplazamiento de los juicios hasta noviembre.
Cronología del disparate
El dato empírico es que la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Telde no ha levantado cabeza desde que la alcaldesa Carmen Hernández imputada por prevaricación se la arrebató caprichosamente al abogado y líder socialista Alejandro Ramos para manejarla a su antojo y ocultar a la ciudadanía las sentencias condenatorias de cientos de miles de euros de intereses por negligencia o el pago y de las expropiaciones ilegales de Paco Santiago, además de los numerosos pleitos perdidos por no presentarse a la defensa, como fue el caso de una funcionaria municipal a la que se condenó al Ayuntamiento a pagarle 6.600 euros, o 70.625 euros a una extrabajadora del área económica, 3000 euros por el vertido realizado por un camión municipal, sin contar otros cientos de miles de euros en costas judiciales y en intereses demoras que estamos pagando la ciudadanía con nuestros impuestos de primera, los mas altos de Canarias, recibiendo servicios de chabolistas.
La Asesoría jurídica sólo tiene una abogada operativa
El hecho cierto es que la ciudad está sumida en la más absoluta indefensión legal ya que la Asesoría Jurídica con 600.000 euros de euros de presupuesto municipal y otros 300.000 euros del Cabildo sólo dispone de una abogada operativa, la mano derecha de la arrolladora (que según refieren el personal de la Asesoría, trabaja menos que el sastre de Tarzán) de los tres que componen la Asesoría Jurídica, al encontrarse uno de ello de baja medica y la otra letrada que no se ha incorporado desde que la Carmen Hernández le increpó tras la toma de posesión.
Por si fuera poco, los trabajadores de la Asesoría Jurídica no se explica que la alcaldesa Carmen Hernández ni aparezca, más que cuando viene a ordenar a ocultar a los medios de comunicación expedientes y sentencias condenatorias.
En resumen, la imagen que Telde está dando en los Tribunales es patética, además del grave daño que supone a los intereses generales de la ciudad la situación en la que se encuentra la Asesoría Jurídica, que ha tardado mas de tres años en aprobarse (concretamente este jueves día 11 de octubre) el concurso de licitación de los servicios jurídicos.
El tiempo ha sido juez inexorable y ha venido a demostrar que Carmen Hernández le arrebató la Asesoria Jurídica al abogado y concejal socialista Alejandro Ramos Guerra para sus chanchullos y tapar sus vergüenzas, de ahí que el personal le reproche a Carmen Hernández su incompetencia con la mala imagen que está suponiendo la suspensión de los juicios por falta de letrados, con casi un millón de euros de presupuesto que no quiere tocar la alcaldesa para detraer ese dinero en una modificación presupuestaria a otras áreas, como Deportes que hace meses agotó su presupuesto y necesita liquidez económica o para seguir pagando el impuesto revolucionario a sus PYMES informativas locales, insulares y regionales, (prensa escrita, digital, radio y televisión).
La Asesoría jurídica sólo tiene una abogada operativa
El hecho cierto es que la ciudad está sumida en la más absoluta indefensión legal ya que la Asesoría Jurídica con 600.000 euros de euros de presupuesto municipal y otros 300.000 euros del Cabildo sólo dispone de una abogada operativa, la mano derecha de la arrolladora (que según refieren el personal de la Asesoría, trabaja menos que el sastre de Tarzán) de los tres que componen la Asesoría Jurídica, al encontrarse uno de ello de baja medica y la otra letrada que no se ha incorporado desde que la Carmen Hernández le increpó tras la toma de posesión.
Por si fuera poco, los trabajadores de la Asesoría Jurídica no se explica que la alcaldesa Carmen Hernández ni aparezca, más que cuando viene a ordenar a ocultar a los medios de comunicación expedientes y sentencias condenatorias.
En resumen, la imagen que Telde está dando en los Tribunales es patética, además del grave daño que supone a los intereses generales de la ciudad la situación en la que se encuentra la Asesoría Jurídica, que ha tardado mas de tres años en aprobarse (concretamente este jueves día 11 de octubre) el concurso de licitación de los servicios jurídicos.
El tiempo ha sido juez inexorable y ha venido a demostrar que Carmen Hernández le arrebató la Asesoria Jurídica al abogado y concejal socialista Alejandro Ramos Guerra para sus chanchullos y tapar sus vergüenzas, de ahí que el personal le reproche a Carmen Hernández su incompetencia con la mala imagen que está suponiendo la suspensión de los juicios por falta de letrados, con casi un millón de euros de presupuesto que no quiere tocar la alcaldesa para detraer ese dinero en una modificación presupuestaria a otras áreas, como Deportes que hace meses agotó su presupuesto y necesita liquidez económica o para seguir pagando el impuesto revolucionario a sus PYMES informativas locales, insulares y regionales, (prensa escrita, digital, radio y televisión).
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